Cassez-Vallarta, los presidentes en la barandilla

Cuando Florence Cassez llegó a París, en enero de 2013, luego de sus años de encierro en México, la recibió Laurent Fabius, el poderoso ministro de asuntos exteriores. 

Era un triunfo compartido de dos mandatarios, Nicolás Sarkozy y François Hollande.  

Han pasado los años, pero la historia retomó vigencia por el estreno del documental El caso Cassez-Vallarta. Una novela criminal, que está basado en la obra de Jorge Volpi. 

¿Cassez es culpable o inocente? Esa pregunta no tendrá respuesta, porque la Suprema Corte determinó, a partir de un proyecto de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, que en su caso se había violado el debido proceso. Cassez, exhibida en los noticieros televisivos, resultó condenada de antemano.   

Pasó siete años en prisión, pero nunca dejó de tener el auxilio y apoyo de las autoridades francesas, que vieron en su situación, un reflejo de la ausencia de garantías con las que se suelen enfrentar los procesos. Pero también aprovecharon la oportunidad para intentar moldear una relación distinta entre México y Francia. 

Un personaje central en esta trama, es Genaro García Luna, quien era el titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) cuando Cassez y su novio, Israel Vallarta, fueron detenidos. 

La detención (televisada) ocurrió el 9 de diciembre de 2005 en el rancho Las Chinitas, en el sur de la Ciudad de México. En ese momento, el jefe de García Luna era el procurador Daniel Cabeza de Vaca, ya que el general Rafael Macedo de la Concha había renunciado en abril, derivado de sus desencuentros por el manejo del expediente del desafuero en contra del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador. 

Quien se quedó en una suerte de limbo fue Israel Vallarta, el aparente líder de la banda de Los Zodiaco, y de quien existen más acusaciones por el delito de secuestro. 

Los jueces no han querido liberarlo, y en la AFI creían, desde aquellos años, que era un pájaro de cuenta. 

Pero la coyuntura política puede hacer que cambie su suerte. El presidente López Obrador le encargó a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, que indague el asunto y busque la forma de que el reo alcance la libertad. 

Al primer mandatario lo que lo anima, es que cree que con ello le propinará un golpe mediático al expresidente Felipe Calderón, pero en realidad se lo dará a las víctimas de ese delito, uno de los más graves.

Para un observador ajeno a la realidad mexicana, encontraría extraña esta posición y al menos por dos cuestiones.

El país atraviesa por una de las oleadas criminales más graves de su historia, y sería lógico que la secretaria encargada de atender el problema se ocupara de atender la situación con todo el tiempo y energía que fueran necesarios. Pero no, hay otras prioridades.  

Aunado a ello, perece un despropósito que se rasguen las vestiduras en Palacio Nacional por las personas encarceladas injustamente, cuando es lo que propician al empeñarse en mantener el largo catálogo de delitos que obligan a la prisión preventiva de oficio.